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Los fotovoltaicos ‘paralizan’ la reforma del sector eléctrico.

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El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha acordado suspender la contratación irregular que realizó el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) que tenía por objeto que dos consultoras estimaran las inversiones que realizaron las 55.000 familias españolas productoras de energía solar fotovoltaica para, posteriormente, atribuirles una supuesta rentabilidad razonable que, en la práctica, arruinaría a todo este colectivo.

ANPIER denunció públicamente la ilegalidad y la falta de transparencia de todo el proceso de reforma del sector y, en lo referente a esta contratación irregular, solicitó al IDAE que pusiera a disposición de la Asociación copia del expediente de licitación en cuestión; ante la falta de respuesta, el presidente de ANPIER, Miguel Ángel Martínez-Aroca, se personó en el IDAE en compañía de un Notario, al efecto de solicitar copia del expediente de licitación referido, pero sin ningún resultado, por lo que ANPIER solicitó al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que fuera anulado dicho procedimiento de contratación.

Esta situación es un capítulo más de la infausta reforma del sector eléctrico, que supone uno de los mayores escándalos de la historia de la democracia española, puesto que es el propio Estado, a través del Gobierno, el que atropella a sus ciudadanos: arruinando a los fotovoltaicos, esquilmando las economías familiares de todos los españoles y lastrando el futuro de las generaciones venideras, sobre la base de un modelo energético contaminante que sólo beneficia a cinco grandes empresas y que condenará a España a la dependencia energética de combustibles fósiles y del exterior que resultan dañinos para el medio ambiente y para la salud pública y que, además, provienen de países terceros, que se lucran de esta innecesaria dependencia energética.

ANPIER solicita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que recapacite, rectifique los textos de reforma y reponga inmediatamente la seguridad jurídica en España. El Gobierno debe actuar sobre las verdaderas causas del déficit de tarifa que, según señala la propia Unión Europea y la Comisión Nacional de la Competencia, está motivado por las compensaciones excesivas que durante años vienen recibiendo las empresas eléctricas por la generación de energía nuclear e hidráulica.

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